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Ceremonia de apertura del nuevo año judicial en Canarias en la sede del Tribunal Superior de Justicia

 José Antonio Cabrera. ASSOPRESS//


La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias  presidió este viernes 27 de septiembre la ceremonia de apertura del año judicial 2024-25 en el ámbito del Archipiélago canario. 

El acto solemne, que se celebró en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con la asistencia de una nutrida representación de la autoridades judiciales, civiles y militares y de la sociedad isleña, contó con la presencia destacada de la nueva vocal del Consejo General del Poder Judicial delegada para Canarias, Inés Herreros Hernández. Por acuerdo del pleno del CGPJ del pasado miércoles, Herreros, que ejerció casi durante dos décadas como fiscal en Gran Canaria, se ocupará de los asuntos isleños del órgano de gobierno de los jueces junto al también vocal José Antonio Montero Fernández.

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, hizo un repaso en su discurso a la situación del servicio público en las Islas y aplaudió a continuación la “vuelta a la normalidad institucional” que ha cristalizado con el acuerdo que permitió la renovación del Consejo General del Poder Judicial este verano, pero advirtió que “sin embargo”, lo que no cesa “son los ataques a los jueces, que están llegando a lo personal”.

Lorenzo Bragado expuso que las críticas y las discrepancias a las resoluciones judiciales son un derecho “que nada tiene que ver con la descalificación y el insulto”, y apuntó que “lamentablemente” no dejamos de asistir, “día sí y día también, al señalamiento de jueces con nombres y apellidos, así como a descalificaciones globales al Poder Judicial por parte de representantes políticos, no sólo en los medios de comunicación, sino incluso desde la tribuna del Congreso”.

El máximo representante del Poder Judicial en Canarias enfatizó que la mayor parte de estos ataques “se realizan al amparo de la inviolabilidad parlamentaria, y advirtió que mientras persisten, “va calando en la ciudadanía la idea de que todo vale, de que las decisiones judiciales pueden ser neutralizadas o desautorizadas cuando no convienen al poder político, y que los jueces, cuando desairan al poder político, prevarican”.

Subrayó que esta es una deriva “sumamente peligrosa”, porque, dijo, “representa una grave afrenta a la separación de poderes y a la confianza en las instituciones”.

El magistrado finalizó su discurso de inauguración del año judicial en las Islas reclamando que los demás poderes del Estado “sean respetuosos con el Poder Judicial”, porque, advirtió, “sin ese respeto los jueces no pueden desarrollar su labor con independencia, y ello afecta al Estado de Derecho, uno de los pilares básicos de nuestra Constitución y de la Unión Europea”.

“Hace falta, en suma, tender puentes, no levantar muros. Y hace falta, también, respeto institucional”, sintetizó.
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